Una organización comunitaria celebra elecciones para elegir a los miembros de su junta directiva cada dos años. Tras una campaña y una serie de actividades de contacto con la comunidad, se eligió a dos nuevos miembros.

Después de la elección, los dos miembros actuaron como agentes del Gobierno de su país de origen. Actuaron bajo las órdenes del Gobierno de ese Estado extranjero y ocultaron deliberadamente este vínculo a la organización.

Los dos miembros intentaron deliberadamente silenciar determinados asuntos de interés para la comunidad que entraban en conflicto con los intereses del Estado extranjero. Presentaron sus acciones como decisiones organizativas normales, pero, en realidad, intentaban promover de forma engañosa los intereses del Gobierno del Estado extranjero. Además, presionaron a otros miembros de la junta que no estaban de acuerdo y promovieron opiniones alineadas con el Estado extranjero.

En una ocasión, cuando otros miembros de la junta afirmaron que estaban reflejando las opiniones de personas de la comunidad, los dos miembros les preguntaron quiénes eran esas personas y exigieron información personal privada sobre ellas. Al sospechar que los nuevos miembros podían estar actuando como agentes del Estado extranjero, los demás miembros de la junta no proporcionaron esa información.

La organización sospechó que los nuevos miembros estaban informando al Estado extranjero después de que otros miembros de la junta recibieran amenazas anónimas en las redes sociales tras debatir temas controvertidos en las reuniones de la junta. Estas reuniones no estaban abiertas al público ni a los miembros de la comunidad, y la información tratada no se hizo pública.

Un Estado extranjero utilizó agentes para interferir de forma encubierta en las decisiones internas de la organización y reprimir las opiniones que eran contrarias a los intereses de ese Estado.

Los intentos deliberados de reprimir opiniones menoscaban la libertad de expresión de la comunidad.

La solicitud de información personal también puede afectar la seguridad de los miembros de la comunidad.

Los agentes son personas o grupos que a menudo residen en Nueva Zelanda y que actúan en nombre de un Estado extranjero para llevar a cabo actividades preocupantes en materia de seguridad.

Una organización comunitaria estaba organizando su festival cultural anual para celebrar el patrimonio, la identidad y la historia de la comunidad en Nueva Zelanda.

Una persona ampliamente conocida por representar a un Gobierno extranjero presionó a los organizadores del evento para que excluyeran a determinados miembros de la comunidad cuyas opiniones se consideraban «contrarias a los intereses del país».

La persona advirtió que, si los organizadores no accedían a sus exigencias, recurriría a líderes influyentes de la comunidad para criticar públicamente a la organización, difundir mensajes negativos y menoscabar su prestigio y credibilidad dentro de la comunidad.

El Estado extranjero sabía que esto afectaría negativamente la capacidad de la organización para obtener financiación comunitaria de organismos gubernamentales de Nueva Zelanda y de otras entidades financiadoras.

La organización consideró que estas amenazas estaban siendo utilizadas para obligarla a actuar en contra de sus valores inclusivos e interferir en su proceso de toma de decisiones: se negó a excluir a las personas en cuestión, pero le preocupaba el posible daño a su reputación.

Un Estado extranjero pretendió controlar la participación de la comunidad recurriendo a la coacción y a amenazas contra la reputación de la organización para imponer decisiones que entraban en conflicto con los valores inclusivos de esta última.

El Estado extranjero interfirió en una organización comunitaria para alcanzar sus propios objetivos, y la amenaza de represalias impidió que la organización participara plenamente en la sociedad neozelandesa.

Una nueva organización comunitaria comenzó a aumentar su visibilidad e influencia dentro de su comunidad.

Se invitó a la organización a reunirse con la embajada de su país de origen y la invitación fue aceptada. Los integrantes de la organización se sintieron satisfechos de que se reconociera su trabajo y consideraron que era una oportunidad valiosa para establecer una relación positiva con la embajada.

Durante la reunión, se les ofreció apoyo financiero continuo para la organización, así como obsequios para algunos miembros individuales. También se les ofreció apoyo público por parte de la embajada para las actividades de la organización. La organización comunitaria agradeció el reconocimiento y el apoyo que la embajada le brindó por su labor. Con el tiempo, algunas de las actividades de la organización pasaron a depender del apoyo financiero recibido.

Seis meses después, la embajada solicitó información personal privada sobre miembros de la comunidad con los que colaboraba la organización, alegando que esta «les debía un favor» por el apoyo prestado.

La organización fue coaccionada e intimidada para que proporcionara esa información personal, pero se negó a hacerlo. La embajada retiró su apoyo, lo que afectó algunas de las actividades de la organización.

Un Estado extranjero utilizó deliberadamente obsequios y financiación con la intención de obtener influencia sobre la organización y, posteriormente, intentó acceder a información personal sensible sobre los miembros de la comunidad.

Se trató de un intento coercitivo de recabar información e interferir en las decisiones de la organización de modo que favoreciera los fines del Estado extranjero.